Desigualdades y eventos extremos: la construcción social de los desastres

EL ROL DE LA POLÍTICA SOCIAL PARA HACER FRENTE A LOS DESASTRES

Los impactos por desastres están directamente relacionados con el nivel de desarrollo de un país o territorio. Este reporte, elaborado por Alonso Brenes para el Programa MOST y publicado por UNESCO como aporte a la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 2017, parte de la premisa de que los desastres no son procesos naturales, sino externalidades de los mismos modelos de desarrollo; y que, en consecuencia, la forma de reducirlos depende de una mejor articulación entre sectores e instituciones de desarrollo.

Los impactos por desastres han aumentado en las últimas cuatro décadas a nivel mundial, y la región de América Latina y el Caribe no escapa de esa tendencia. La pérdida anual promedio global por desastres se estima entre 300 y 520 mil millones de dólares, equivalentes a, aproximadamente, el PIB de Chile, Dinamarca o Singapur. En la región, las pérdidas anuales rondan los 2 mil millones de dólares, siendo la segunda región en desarrollo, después de Asia, que experimenta mayor número de desastres.

Cada año, un promedio de 26 millones de personas entra en condiciones de pobreza a causa de un impacto directo de desastres. Adicionalmente, de manera indirecta, los desastres tienen serios impactos dentro de las estrategias de desarrollo de los países.

Alonso Brenes nos explica en este Policy Paper que, pese a ser incorrecta, la noción “desastre natural” permanece enraizada en la cultura y la historia. Abundante evidencia demuestra que los desastres obedecen a procesos sociales más que a naturales. Si la ocurrencia de un terremoto implica la destrucción de infraestructura, un mismo episodio debería producir daños homogéneos en todas partes del mundo, sin embargo, existen patrones de daño y pérdida. Unos edificios resisten mejor que otros un mismo evento; y la concentración de muertes sigue también patrones que describen rasgos socioeconómicos. Los estratos más excluidos reciben mayores impactos y les cuesta más recuperarse. Aunque existan fenómenos potencialmente destructivos, lo que en realidad determina que ocurra un desastre es el entramado social y económico del territorio.

En un desastre confluyen y se manifiestan dinámicas históricas de exclusión; también muestra el impacto que tiene el deterioro ambiental, la inequidad en el ingreso y la desigualdad de oportunidades. Cuando se afirma que Latinoamérica y el Caribe es de las regiones más desiguales del planeta, esto también aplica en términos de la distribución de seguridad ante eventos potencialmente destructivos. Por consiguiente, el desastre es una materialización de una condición latente de riesgo. Una consecuencia, no una causa.

Por décadas el desastre se consideró como un evento ajeno que afectaba al desarrollo; pero si el riesgo es un producto social, significa que el desastre es un derivado de los modelos de desarrollo que, así como generan riqueza y bienestar, también generan efectos contraproducentes para amplios sectores de la sociedad.

Los desastres impiden que miles de personas superen condiciones de marginalidad. En términos de política social, restan efectividad y sostenibilidad a través de múltiples frentes: destruyen infraestructura central para la provisión de servicios de salud y educación, que tiene que ser repuesta utilizando fondos no presupuestados para ello y, en consecuencia, afectando la inversión en otros rubros.

En consecuencia, como afirma Brenes, es desde la corrección de los modelos de desarrollo que el riesgo de desastre y sus impactos pueden reducirse de modo efectivo y sostenible.

Comparativamente, es poco lo que los humanos pueden hacer para controlar amenazas naturales. Sin embargo, es mucho lo que se ha logrado mediante la reducción de los factores que configuran la dimensión social del riesgo. La evidencia en este sentido es contundente: existe una fuerte relación entre altos niveles de riesgo de desastre y políticas sociales débiles.

No obstante, nuestra región invierte en política social menos de la mitad de lo que invierte la Unión Europea y cerca de 10 puntos menos que los Estados Unidos.

Para finalizar, Alonso Brenes realiza algunas recomendaciones para incrementar el impacto de la política social en la gestión del riesgo de desastres. En primer lugar, explica que es necesario promover mecanismos de interacción entre los actores de la política social y la gestión del riesgo de desastres, desde un enfoque integrador. A su vez, se deben focalizar las acciones para atender bolsones de riesgo de desastre, fortaleciendo los sistemas de protección social en regiones identificadas como de alto riesgo de desastre. En tercer lugar, es imprescindible fortalecer las instituciones y la capacidad de gestión local mediante, por ejemplo, la generación de plataformas intermedias de análisis del riesgo, entre instancias del gobierno central y gobiernos subnacionales. Finalmente, se debe proteger la infraestructura construida para prevenir daños. Los desastres son evitables. El impacto sufrido en la región puede reducirse si los impulsores subyacentes se revierten.

Si lo desean, pueden profundizar en la lectura de este informe, en los documentos asociados a esta actividad

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Desigualdades en América Latina y el Caribe: Investigación, Políticas y Gestión para las Transformaciones Sociales

UNESCO